![\"\"](\"https:\/\/venamerica.org\/home\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/logo_venamerica.jpg\"){kind=logo}
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Miami, Florida \u2014 18 de septiembre de 2026\u00a0<\/span><\/b><\/p>\n Motivaci\u00f3n y urgencia\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n VenAm\u00e9rica ha analizado con rigurosa responsabilidad e inquietud, las profundas implicaciones humanas, jur\u00eddicas, econ\u00f3micas, institucionales, \u00e9ticas y democr\u00e1ticas, derivadas del conjunto de instrumentos energ\u00e9ticos anunciados el 28 de agosto de 2026, mediante los cuales el r\u00e9gimen venezolano encabezado por Delcy Rodr\u00edguez otorg\u00f3 concesiones petroleras a la entidad North American Blue Energy Partners<\/em> (NABEP), en paralelo a un acuerdo separado entre el Gobierno de los Estados Unidos y NABEP que otorga a Washington participaci\u00f3n accionaria y derechos preferentes de compra sobre la producci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n Comprendemos con absoluta claridad y angustia que Venezuela atraviesa una emergencia hist\u00f3rica que requiere atenci\u00f3n oportuna, inversi\u00f3n privada, innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica, recuperaci\u00f3n de su infraestructura energ\u00e9tica y cooperaci\u00f3n internacional y que el pa\u00eds necesita superar a\u00f1os de deterioro institucional, econ\u00f3mico y social, recuperar servicios p\u00fablicos esenciales y reconstruir la capacidad productiva que permita ofrecer oportunidades y bienestar a su poblaci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n Reconocemos igualmente los intereses leg\u00edtimos de Estados Unidos en la protecci\u00f3n y salvaguarda de la seguridad energ\u00e9tica y la estabilidad geopol\u00edtica del hemisferio, y la importancia de su cooperaci\u00f3n en la recuperaci\u00f3n de Venezuela; as\u00ed como una amistad y reconocimiento mutuo, con ra\u00edces hist\u00f3ricas que se remontan a nuestros padres fundadores, fortalecida durante generaciones por v\u00ednculos humanos de colaboraci\u00f3n y solidaridad. Preservarla es responsabilidad ineludible para ambos pueblos y su liderazgo.\u00a0<\/span><\/p>\n Este pronunciamiento se hace relevante e inaplazable por la concurrencia de tres temas de especial importancia: primero<\/strong><\/em>, un acuerdo petrolero de alcance extraordinario, cuyos t\u00e9rminos completos no han sido divulgados y que comprometer\u00eda recursos estrat\u00e9gicos venezolanos por varias generaciones; segundo<\/strong><\/em>, la postergaci\u00f3n de la restituci\u00f3n de un gobierno democr\u00e1tico leg\u00edtimo en su origen y en su desempe\u00f1o, bajo el argumento de que Venezuela todav\u00eda \u201c<\/i>no est\u00e1 lista para elecciones<\/em>\u201d; y tercero<\/strong><\/em>, <\/b>la desprotecci\u00f3n que afecta a la comunidad venezolana residente en Estados Unidos.\u00a0<\/span><\/p>\n Surge tambi\u00e9n de la profunda confluencia, discrepancia y contradicci\u00f3n que vincula los tres temas, seg\u00fan los cuales se considera a Venezuela apta para asumir compromisos petroleros de alcance centenario, pero no para establecer un cronograma inmediato, p\u00fablico y verificable de restituci\u00f3n democr\u00e1tica, y al mismo tiempo, se pretende comprometer el patrimonio soberano del pueblo venezolano mientras su di\u00e1spora en Estados Unidos enfrenta inseguridad jur\u00eddica, desconocimiento de protecciones migratorias y deportaciones.\u00a0<\/span><\/p>\n No se trata de bloquear la negociaci\u00f3n, ni de cerrar el paso u obstaculizar a la inversi\u00f3n privada o a la cooperaci\u00f3n internacional que Venezuela necesita. Tampoco de someterse a la arbitrariedad de los augurios amorales de los or\u00e1culos del beneficio propio<\/em>, que sin importarles el pa\u00eds y su gente, anuncian calamidades si no se acepta el acuerdo tal como est\u00e1. No, se trata, sencillamente, de asegurar un buen pacto para la naci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n Hacer lo correcto exige hacerlo de la manera correcta porque <\/strong><\/em>una cosa es respaldar la recuperaci\u00f3n de Venezuela dentro del espacio democr\u00e1tico occidental y otra muy distinta considerar que ese objetivo estrat\u00e9gico permite prescindir de la legalidad, la legitimidad y la soberan\u00eda venezolana; en lugar de actuar con<\/em> transparencia, controles institucionales reales, y plena consideraci\u00f3n por la dignidad humana. Solo desde esa visi\u00f3n puede hablarse de un procedimiento justo en un asunto p\u00fablico de tanta trascendencia.\u00a0<\/span><\/p>\n Pretender justificar o acelerar estos acuerdos bajo la premura de la urgencia econ\u00f3mica, que existe sin duda alguna, o bajo la presunci\u00f3n, e incierta y no demostrada por la realidad social, econ\u00f3mica, pol\u00edtica e institucional, de que tras la extracci\u00f3n de Nicol\u00e1s Maduro el 3 de enero \u201c<\/i>Venezuela cambi\u00f3<\/em>\u201d<\/i>, constituye una afirmaci\u00f3n ef\u00edmera que se desvanece frente a los hechos. El informe de la Misi\u00f3n de las Naciones Unidas lo expresa con claridad: \u201clas instituciones estatales responsables de la represi\u00f3n, las graves violaciones de derechos humanos y los cr\u00edmenes de lesa humanidad siguen intactas.\u201d\u00a0<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n Una declaraci\u00f3n que confirma un hecho irrebatible: en Venezuela el control del poder pol\u00edtico y econ\u00f3mico permanece inc\u00f3lume<\/strong>. Persisten la misma estructura autoritaria, la misma ausencia de garant\u00edas democr\u00e1ticas y las mismas figuras vinculadas al r\u00e9gimen y a la corrupci\u00f3n que, desde hace 27 a\u00f1os, con la llegada del chavismo en 1999, propici\u00f3 y ejecut\u00f3 el desmantelamiento institucional de la Rep\u00fablica.\u00a0<\/span><\/p>\n El pa\u00eds contin\u00faa empobrecido, con servicios esenciales como educaci\u00f3n, salud, electricidad, agua, gravemente deteriorados; con una infraestructura colapsada en viviendas, carreteras, hospitales y escuelas; y con un aparato productivo sometido, sin autonom\u00eda ni posibilidades reales de desarrollo. Los mismos actores siguen controlando la naci\u00f3n y sometiendo a su gente.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n \u00bfEs a los que destruyeron el pa\u00eds a quienes debemos entregar nuestro futuro?\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n El acuerdo petrolero\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n La arquitectura de \u201cel mayor acuerdo petrolero de la historia<\/em>\u201d, que incluye un marco regulatorio legal fuera de la jurisdicci\u00f3n venezolana, divulgada por la Casa Blanca, prev\u00e9 concesiones hasta por 100 a\u00f1os sobre 17 campos estrat\u00e9gicos con aproximadamente 65.000 millones de barriles en reservas probadas, y seg\u00fan la informaci\u00f3n emanada de la propia entidad, el Gobierno de Estados Unidos obtendr\u00eda una participaci\u00f3n accionaria del 35 % en la sociedad matriz de NABEP, una garant\u00eda para comprar al costo el 20 % de toda la producci\u00f3n actual y futura de la empresa, y un derecho de primera opci\u00f3n sobre el 80 % restante; lo cual de por si evidencia un nivel de manipulaci\u00f3n y control econ\u00f3mico y fiscal, sin equidad ni contrapeso, lo cual agrava sustancialmente las dudas sobre una enajenaci\u00f3n de facto del patrimonio petrolero nacional.<\/p>\n Genera alarma adicional la falta de consenso sobre un elemento tan b\u00e1sico como la duraci\u00f3n misma del convenio: mientras la Casa Blanca sostiene que las concesiones se extienden por 100 a\u00f1os, el propio r\u00e9gimen venezolano ha declarado que su duraci\u00f3n es de 25 a\u00f1os. Esta discrepancia entre las dos partes negociadoras sobre el plazo del compromiso confirma la opacidad que motiva este pronunciamiento y hace a\u00fan m\u00e1s urgente la publicaci\u00f3n \u00edntegra del texto y sus anexos.\u00a0<\/span><\/p>\n Su magnitud plantea severas interrogantes sobre el contenido del convenio, la legitimidad constitucional e institucional de quienes lo suscriben, los mecanismos de control, la ausencia de una licitaci\u00f3n p\u00fablica dado que seg\u00fan la informaci\u00f3n disponible a la fecha, como estructura corporativa, NABEP fue constituida apenas en 2024 y no cuenta con tradici\u00f3n en el sector, ni estados financieros auditados, ni informaci\u00f3n p\u00fablicamente conocida de su directiva y composici\u00f3n accionaria, a pesar de ser descrita en fuentes de prensa como el segundo mayor productor petrolero privado de Venezuela, con una producci\u00f3n cercana a los 200.000 barriles diarios y una trayectoria operativa de m\u00e1s de 15 a\u00f1os. Esa combinaci\u00f3n de enigmas es precisamente lo que exige una revisi\u00f3n pol\u00edtica, t\u00e9cnica y financiera independiente antes de comprometer activos por generaciones<\/em>.<\/i><\/p>\n El gobierno interino encabezado por Delcy Rodr\u00edguez no es considerado leg\u00edtimo, ni en su origen ni en su desempe\u00f1o: no proviene de una elecci\u00f3n presidencial libre y verificable<\/em>, ni ha restituido plenamente el orden constitucional. Esa ausencia de legitimidad se vuelve especialmente grave cuando se pretende comprometer el patrimonio energ\u00e9tico nacional por varias generaciones. Por ello, cualquier instrumento de semejante alcance debe someterse a una revisi\u00f3n exhaustiva por parte de las instituciones y representantes competentes, a fin de establecer con equilibrio y rigor su validez, legalidad, legitimidad y conveniencia para la naci\u00f3n<\/em>.\u00a0<\/span><\/p>\n Una cosa es actuar con diligencia y honestidad para defender la recuperaci\u00f3n de Venezuela dentro de un marco democr\u00e1tico, y otra muy distinta es tratar de alcanzar ese objetivo al margen de la constituci\u00f3n y las leyes. De all\u00ed surge una pregunta que merece una respuesta serena: \u00bfpuede una autoridad provisional, encargada o interina comprometer durante varias d\u00e9cadas una porci\u00f3n extraordinaria del patrimonio energ\u00e9tico de varias generaciones de venezolanos?\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n Fundamentos jur\u00eddicos venezolanos\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n A juicio de VenAm\u00e9rica, el acuerdo presenta incompatibilidades con el ordenamiento constitucional venezolano vigente a la fecha. El art\u00edculo 12 de la Constituci\u00f3n<\/em> declara que los yacimientos de hidrocarburos son bienes del dominio p\u00fablico, inalienables e imprescriptibles; por ello, otorgar derechos de explotaci\u00f3n y control por 100 a\u00f1os puede producir una enajenaci\u00f3n de facto incompatible con la preservaci\u00f3n del dominio soberano. Los art\u00edculos 137 y 138<\/em> sujetan toda autoridad a la Constituci\u00f3n y declaran nulos los actos ejercidos por autoridad usurpada, mientras los art\u00edculos 150 y 187, numeral 9, establecen el control de la Asamblea Nacional sobre contratos de inter\u00e9s p\u00fablico en los casos determinados por la ley. El art\u00edculo 151<\/em> protege la jurisdicci\u00f3n nacional en las controversias derivadas de contratos de inter\u00e9s p\u00fablico.\u00a0<\/span><\/p>\n Cabe precisar que, seg\u00fan funcionarios de la actual administraci\u00f3n norteamericana, el instrumento suscrito por Washington no se firm\u00f3 formalmente con el gobierno interino, sino con NABEP como empresa privada que opera en asociaci\u00f3n con el Gobierno de Estados Unidos. No obstante, fueron las autoridades interinas venezolanas quienes otorgaron a NABEP las concesiones subyacentes sobre los 17 campos, de modo que la legitimidad de origen de esas autoridades sigue siendo determinante para la validez de todo el conjunto contractual. 4\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n Los art\u00edculos 141 y 143<\/em> exigen honestidad, transparencia, rendici\u00f3n de cuentas y acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. El ocultamiento de t\u00e9rminos, regal\u00edas, garant\u00edas, anexos y beneficiarios finales contraviene estos principios. Los art\u00edculos 300 y 302<\/em> protegen la racionalidad, productividad y reserva estrat\u00e9gica de las actividades econ\u00f3micas y petroleras.\u00a0<\/span><\/p>\n La reforma de la Ley Org\u00e1nica de Hidrocarburos de enero de 2026 ampli\u00f3, de manera inconsulta, la participaci\u00f3n privada y traslad\u00f3 al Ejecutivo facultades que antes exig\u00edan aprobaci\u00f3n legislativa previa. Sin embargo, esa reforma no puede desplazar la supremac\u00eda constitucional. Las modalidades privadas previstas actualmente, incluidos los art\u00edculos 23 y 34<\/em> reformados, deben interpretarse de conformidad con la soberan\u00eda sobre los recursos, el inter\u00e9s nacional, la transparencia y el control constitucional. En consecuencia, deben publicarse el domicilio jur\u00eddico de NABEP, su cadena de propiedad, beneficiarios finales, capacidad financiera, t\u00e9rminos de las concesiones, garant\u00edas, r\u00e9gimen fiscal, mecanismos de soluci\u00f3n de controversias y autorizaciones otorgadas.\u00a0<\/span><\/p>\n Fundamentos jur\u00eddicos estadounidenses\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n En el derecho p\u00fablico estadounidense, la operaci\u00f3n tambi\u00e9n requiere revisi\u00f3n. El art\u00edculo I<\/em>, secci\u00f3n 8<\/i>, de la Constituci\u00f3n atribuye al Congreso facultades esenciales sobre comercio exterior, legislaci\u00f3n, asignaci\u00f3n de recursos y supervisi\u00f3n. Un acuerdo de elevado impacto econ\u00f3mico y geopol\u00edtico, acompa\u00f1ado por una participaci\u00f3n gubernamental anunciada del 35 % en la sociedad matriz de NABEP, no debe desarrollarse al margen del conocimiento y fiscalizaci\u00f3n del Congreso.\u00a0<\/span><\/p>\n La participaci\u00f3n de la Oficina de Capital Estrat\u00e9gico del Departamento de Defensa debe contar con autoridad expresa bajo el T\u00edtulo 10 del C\u00f3digo de Estados Unidos, incluido 10 U.S.C. \u00a7 149<\/em>, y con base presupuestaria, auditor\u00eda y controles de conflicto de intereses. La Federal Acquisition Regulation (FAR, 48 C.F.R.)<\/em> exige competencia y transparencia cuando existe una adquisici\u00f3n federal sometida a sus reglas; si la operaci\u00f3n se estructur\u00f3 fuera de ese r\u00e9gimen, el Ejecutivo debe identificar p\u00fablicamente la figura legal utilizada y justificar la ausencia de un procedimiento competitivo. La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, 15 U.S.C. \u00a7\u00a7 78dd-1 y siguientes)<\/em> proh\u00edbe ofertas o pagos corruptos relacionados con funcionarios extranjeros y exige una debida diligencia rigurosa sobre intermediarios y estructuras corporativas.\u00a0<\/span><\/p>\n Sin el texto \u00edntegro del acuerdo no puede establecerse definitivamente la consumaci\u00f3n o no de cada infracci\u00f3n, pero la opacidad existente obliga a solicitar una investigaci\u00f3n formal. Lo cual, al margen de tantos se\u00f1alamientos, <\/i>m\u00e1s que una acusaci\u00f3n, nos llevar\u00eda a formular una pregunta institucional correcta y nada desestimable; \u00bfDadas las circunstancias, qu\u00e9 proceso diligente y excepcional realiz\u00f3 el Gobierno estadounidense antes de colocar semejante responsabilidad y volumen de activos estrat\u00e9gicos venezolanos, bajo una estructura empresarial asociada a personas sometidas a investigaciones judiciales internacionales?\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n Fundamentos multilaterales\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n Los art\u00edculos 5, 9 y 12 de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas<\/em> contra la Corrupci\u00f3n obligan a prevenir la corrupci\u00f3n, promover la transparencia en la contrataci\u00f3n p\u00fablica y fortalecer la integridad del sector privado. El art\u00edculo 1, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales<\/em> reconoce el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y establece que no pueden ser privados de sus medios de subsistencia. Estos principios resultan incompatibles con acuerdos opacos o desproporcionados que priven al pueblo venezolano del control y beneficio efectivo de sus recursos.<\/p>\n NABEP y Alejandro Betancourt\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n Genera especial alarma institucional las informaciones de diferentes medios de comunicaci\u00f3n y redes sociales sobre la vinculaci\u00f3n de NABEP con Alejandro Betancourt L\u00f3pez, cuya reputaci\u00f3n ha sido cuestionada por investigaciones y se\u00f1alamientos p\u00fablicos relacionados con contratos de emergencia el\u00e9ctrica, operaciones financieras e intermediaci\u00f3n petrolera. La referencia a esas investigaciones no equivale a una declaraci\u00f3n de culpabilidad ni a una condena judicial; Betancourt ha negado tales irregularidades, aduciendo que no ha sido formalmente acusado en los procesos rese\u00f1ados. Sin embargo, una declaraci\u00f3n de prensa y la ausencia de una condena, no constituye de por s\u00ed una certificaci\u00f3n de idoneidad \u00e9tica, t\u00e9cnica o fiduciaria para administrar los activos estrat\u00e9gicos de Venezuela.\u00a0<\/span><\/p>\n Funcionarios de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos han informado de manera p\u00fablica, que la administraci\u00f3n negoci\u00f3 con NABEP por su experiencia y capacidad de producci\u00f3n en Venezuela; afirm\u00f3 que los antecedentes de Betancourt fueron revisados y que no exist\u00eda una investigaci\u00f3n vigente contra \u00e9l dentro del sistema estadounidense, y sostuvo que la operaci\u00f3n quedar\u00eda sujeta a normas y jurisdicci\u00f3n de Estados Unidos<\/em>, justificaci\u00f3n que no sustituyen la publicaci\u00f3n de los criterios de selecci\u00f3n con la debida diligencia independiente, la identificaci\u00f3n de beneficiarios finales, el examen de conflictos de inter\u00e9s y la supervisi\u00f3n del Congreso, sin dejar de lado las investigaciones por supuestos delitos que cursan en territorios fuera del \u00e1mbito estadounidense.\u00a0<\/span><\/p>\n Y desde una perspectiva \u00e9tica, estrat\u00e9gica y de pol\u00edtica p\u00fablica, VenAm\u00e9rica se\u00f1ala que no es l\u00f3gico, ni conveniente otorgar a quienes fueron corresponsables de la corrupci\u00f3n, el desmantelamiento y la destrucci\u00f3n de la industria petrolera nacional, las posibilidades y el privilegio de dirigir su recuperaci\u00f3n.<\/em> Dejar la reconstrucci\u00f3n del patrimonio energ\u00e9tico en manos de actores asociados a la corrupci\u00f3n y decadencia institucional invalida la integridad del proceso y perpet\u00faa vicios que minan la confianza de los mercados y de los ciudadanos, sobre sus ejecutores y resultados. Si los mismos hacen lo mismo, el resultado no ser\u00e1 diferente<\/strong><\/em>.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n La restituci\u00f3n democr\u00e1tica\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n VenAm\u00e9rica subraya que la captura y extracci\u00f3n de Nicol\u00e1s Maduro<\/strong><\/em>, <\/i>obedeci\u00f3 de forma estricta, seg\u00fan es del dominio p\u00fablico confirmado por fuentes oficiales, a causas judiciales e investigaciones relacionadas con el narcotr\u00e1fico, el crimen organizado internacional y la neutralizaci\u00f3n de amenazas cre\u00edbles contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta acci\u00f3n unilateral no deriv\u00f3 de un conflicto b\u00e9lico<\/em> ni de un enfrentamiento armado entre ambas naciones; por lo tanto, Venezuela no puede ser tratada ni concebida como bot\u00edn de una guerra que nunca existi\u00f3<\/em>. La hist\u00f3rica alianza de amistad, cooperaci\u00f3n y valores compartidos no debe verse empa\u00f1ada por arreglos unilaterales ni repartos de oportunidad.\u00a0<\/span><\/p>\n La salida de Maduro tampoco produjo una transici\u00f3n democr\u00e1tica, por tanto, el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodr\u00edguez no posee legitimidad democr\u00e1tica de origen, ya que es la sucesi\u00f3n del r\u00e9gimen depuesto, no emana de elecciones libres; tampoco ha alcanzado legitimidad de desempe\u00f1o porque no ha restituido la separaci\u00f3n de poderes, la independencia judicial, los derechos pol\u00edticos, la libertad de expresi\u00f3n, la rendici\u00f3n de cuentas y la alternabilidad.\u00a0<\/span><\/p>\n Preparar elecciones cre\u00edbles requiere voluntad y garant\u00edas t\u00e9cnicas y pol\u00edticas, lo cual no justifica una postergaci\u00f3n indefinida. La urgencia por la institucionalizaci\u00f3n democr\u00e1tica, factor fundamental para dar confianza y credibilidad a la inversi\u00f3n de capitales, exige un cronograma electoral acompa\u00f1ado de la liberaci\u00f3n incondicional de los presos pol\u00edticos, el retorno seguro de los exiliados y l\u00edderes democr\u00e1ticos impedidos de regresar al pa\u00eds y el restablecimiento del orden y garant\u00edas constitucionales, destacando la libertad de expresi\u00f3n y el respeto a la propiedad privada.\u00a0<\/span><\/p>\n Fundamentos venezolanos\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n Los art\u00edculos 2, 5 y 6 de la Constituci\u00f3n<\/em> definen a Venezuela como un Estado democr\u00e1tico, declaran que la soberan\u00eda reside intransferiblemente en el pueblo y exigen un gobierno electivo, alternativo, responsable y pluralista. Los art\u00edculos 62 y 63<\/em> garantizan la participaci\u00f3n pol\u00edtica y el sufragio libre, universal, directo y secreto. Los art\u00edculos 293 y 294 <\/i>exigen una funci\u00f3n electoral independiente, imparcial y transparente, mientras el art\u00edculo 136 <\/i>impone la separaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos. La prolongaci\u00f3n indefinida de una autoridad interina no electa contradice estos principios y hace aplicable el deber de restablecer la vigencia efectiva de la Constituci\u00f3n establecido en el art\u00edculo 333<\/em>.\u00a0<\/span><\/p>\n Fundamentos estadounidenses\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n La Constituci\u00f3n de Estados Unidos no atribuye al Ejecutivo el poder de sustituir la soberan\u00eda popular venezolana. El art\u00edculo I<\/em> reconoce al Congreso facultades de legislaci\u00f3n, apropiaci\u00f3n de fondos, regulaci\u00f3n del comercio exterior, investigaci\u00f3n y supervisi\u00f3n. Corresponde al Congreso examinar los argumentos relacionados con la extracci\u00f3n de Maduro, sus antecedentes y consecuencias; la participaci\u00f3n econ\u00f3mica del Gobierno estadounidense en el acuerdo petrolero, as\u00ed como las razones para fortalecer a una autoridad no electa democr\u00e1ticamente y por tanto ileg\u00edtima, lo cual reduce los incentivos para una transici\u00f3n en libertad y contradice los compromisos p\u00fablicos asumidos ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional.\u00a0<\/span><\/p>\n Fundamentos multilaterales\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n Los art\u00edculos 1 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/em> protegen la libre determinaci\u00f3n de los pueblos y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos p\u00fablicos y votar en elecciones aut\u00e9nticas y peri\u00f3dicas. El art\u00edculo 21 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos<\/em> establece que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder p\u00fablico. Los art\u00edculos 1, 3 y 4 de la Carta Democr\u00e1tica Interamericana<\/em> reconocen el derecho a la democracia y se\u00f1alan como componentes esenciales las elecciones libres y justas, la separaci\u00f3n de poderes, la transparencia, la libertad de expresi\u00f3n y el respeto a los derechos humanos. La permanencia indefinida de un gobierno interino sin calendario electoral verificable contradice estos principios.\u00a0<\/span><\/p>\n La protecci\u00f3n migratoria\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n Resulta incomprensible desde lo intr\u00ednsecamente humano; desde la pol\u00edtica, la raz\u00f3n, la \u00e9tica p\u00fablica y el derecho internacional que se pretenda negociar y comprometer los recursos energ\u00e9ticos de Venezuela mientras su di\u00e1spora enfrenta en Estados Unidos un clima de inseguridad jur\u00eddica y desprotecci\u00f3n. Es inexplicable la profunda paradoja que significa disponer del patrimonio soberano del pueblo venezolano mientras se revocan y desconocen protecciones temporales, permisos de trabajo y procedimientos migratorios de personas que huyeron por diferentes razones y circunstancias de la crisis social, pol\u00edtica, econ\u00f3mica y humanitaria provocada por el mismo r\u00e9gimen que hoy contin\u00faa ocupando ileg\u00edtimamente el poder en Venezuela, ahora bajo la tutela pol\u00edtica del Gobierno de Estados Unidos.<\/p>\n Esta contradicci\u00f3n se agrava cuando se justifican mediante la presunci\u00f3n de que, tras la extracci\u00f3n de Nicol\u00e1s Maduro el 3 de enero, las condiciones del pa\u00eds cambiaron sustancialmente. La salida de Maduro no desmantel\u00f3 la estructura autoritaria, no restableci\u00f3 el Estado de derecho ni devolvi\u00f3 el poder al pueblo venezolano. Permanecen en funciones las estructuras y figuras pol\u00edticas vinculadas al r\u00e9gimen responsable de la persecuci\u00f3n pol\u00edtica, la violaci\u00f3n de derechos humanos y el desplazamiento de millones de venezolanos.\u00a0<\/span><\/p>\n VenAm\u00e9rica no sostiene que toda persona venezolana posea autom\u00e1ticamente un derecho permanente a permanecer en Estados Unidos, ni que toda terminaci\u00f3n del Estatus de Protecci\u00f3n Temporal sea, por s\u00ed misma, ilegal, tampoco la aplicaci\u00f3n de la justicia y la celebraci\u00f3n del debido proceso a quien cometa delitos punibles y comprobados. Sostiene que ninguna pol\u00edtica migratoria debe ejecutarse mediante la estigmatizaci\u00f3n colectiva de una nacionalidad, detenciones arbitrarias, desconocimiento de documentos vigentes, separaci\u00f3n familiar o deportaciones sin notificaci\u00f3n adecuada, evaluaci\u00f3n individual y debido proceso.\u00a0<\/span><\/p>\n Fundamentos estadounidenses\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n La Quinta Enmienda<\/em> de la Constituci\u00f3n de Estados Unidos garantiza el debido proceso a toda persona sometida a la jurisdicci\u00f3n estadounidense, con independencia de su ciudadan\u00eda o condici\u00f3n migratoria. Los procedimientos migratorios, aunque no incorporan necesariamente todas las garant\u00edas de un proceso penal, deben ofrecer una oportunidad justa y efectiva de presentar argumentos, pruebas y solicitudes de protecci\u00f3n antes de una remoci\u00f3n.\u00a0<\/span><\/p>\n La Immigration and Nationality Act<\/em> regula separadamente el Estatus de Protecci\u00f3n Temporal en 8 U.S.C. \u00a7 1254a<\/em>, los procedimientos de remoci\u00f3n en 8 U.S.C. \u00a7 1229a<\/em> y la protecci\u00f3n contra la remoci\u00f3n hacia un pa\u00eds donde la vida o la libertad de una persona estar\u00edan amenazadas por motivos protegidos en 8 U.S.C. \u00a7 1231(b)(3)<\/em>. <\/i>El car\u00e1cter temporal del TPS no autoriza a desconocer documentos todav\u00eda vigentes, solicitudes de asilo pendientes, \u00f3rdenes judiciales o derechos procesales reconocidos por la legislaci\u00f3n federal.\u00a0<\/span><\/p>\n Las decisiones de la Corte Suprema en Trump v. J.G.G. y A.A.R.P. v. Trump<\/em>, aunque se produjeron en el contexto espec\u00edfico de la aplicaci\u00f3n de la Alien Enemies Act, reafirmaron la necesidad de proporcionar aviso suficiente y una oportunidad efectiva de impugnar judicialmente una remoci\u00f3n. Las deportaciones sumarias, las imputaciones colectivas basadas en la nacionalidad y el desconocimiento de procedimientos pendientes pueden, seg\u00fan las circunstancias de cada caso, vulnerar la Quinta Enmienda y la legislaci\u00f3n migratoria federal.\u00a0<\/span><\/p>\n Fundamentos multilaterales\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n El principio de non-refoulement o no devoluci\u00f3n, consagrado en el art\u00edculo 33 de la Convenci\u00f3n sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y aplicable a Estados Unidos mediante el Protocolo de 1967<\/em>, proh\u00edbe expulsar o devolver a una persona a un territorio donde su vida o libertad puedan estar amenazadas por su raza, religi\u00f3n, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opini\u00f3n pol\u00edtica. Estados Unidos incorpor\u00f3 esta obligaci\u00f3n en su legislaci\u00f3n mediante la protecci\u00f3n obligatoria conocida como withholding of removal.\u00a0<\/span><\/p>\n El art\u00edculo 3 de la Convenci\u00f3n contra la Tortura<\/em> proh\u00edbe expulsar, devolver o extraditar a una persona cuando existan razones fundadas para creer que estar\u00eda en peligro de ser sometida a tortura. Estados Unidos ha reconocido expresamente esta obligaci\u00f3n internacional respecto de personas que se encuentran bajo su territorio, custodia o control.<\/p>\n Asimismo, los art\u00edculos 9, 10 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/em> protegen contra la detenci\u00f3n arbitraria, exigen un trato humano y establecen garant\u00edas aplicables a la expulsi\u00f3n. Sus art\u00edculos 17 y 23<\/em> protegen la vida privada y familiar. Los art\u00edculos V, VI, XVIII y XXV de la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre<\/em> protegen la vida privada, la unidad familiar, el acceso a la justicia y la libertad personal.\u00a0<\/span><\/p>\n Estas obligaciones no conceden autom\u00e1ticamente residencia permanente a todos los venezolanos, pero s\u00ed frenan que las decisiones migratorias se basen exclusivamente en presunciones generales sobre un supuesto cambio pol\u00edtico en Venezuela. Cuando una persona alega riesgo de persecuci\u00f3n, tortura u otras violaciones graves, las autoridades estadounidenses est\u00e1n llamadas a realizar una evaluaci\u00f3n individual, actualizada y efectiva de las condiciones del pa\u00eds y de las circunstancias particulares del caso.\u00a0<\/span><\/p>\n Un pedido institucional\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n Ante estos argumentos, VenAm\u00e9rica hace un llamado al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, a los congresistas y autoridades electas de Florida, a los actores democr\u00e1ticos venezolanos, a los medios de comunicaci\u00f3n, a la sociedad civil y a la comunidad internacional para que promuevan:\u00a0<\/span><\/p>\n Sobre el acuerdo petrolero\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n Sobre la transici\u00f3n democr\u00e1tica\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n Sobre los venezolanos en EE.UU.<\/strong><\/p>\n La hist\u00f3rica amistad entre los pueblos de Venezuela y Estados Unidos no debe verse empa\u00f1ada por arreglos unilaterales ni repartos de oportunidad. Venezuela no est\u00e1 sumida en una celebraci\u00f3n irreflexiva ni distra\u00edda ante su destino; observa con preocupaci\u00f3n, gravedad y serenidad este momento hist\u00f3rico.\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n Venezuela no est\u00e1 disponible para ser administrada como bot\u00edn ni para que su soberan\u00eda sea intercambiada por estabilidad aparente. Su principal riqueza no reside \u00fanicamente en el petr\u00f3leo, sino en su gente honrada y trabajadora, en su vocaci\u00f3n democr\u00e1tica y en la capacidad moral, t\u00e9cnica y ciudadana de reconstruir la Rep\u00fablica.\u00a0<\/span><\/em><\/p>\n Bibliograf\u00eda consultada\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n Las fuentes se incluyen al final para preservar el car\u00e1cter institucional y la continuidad argumentativa del pronunciamiento.\u00a0<\/span><\/p>\n\n
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