![\"\"](\"https:\/\/venamerica.org\/home\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/bachelet_mascarilla.jpg\")
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De acuerdo al Informe \u201cResultados de la investigaci\u00f3n de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad f\u00edsica y moral en la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela del 15 de junio al 3 de julio de 2020\u201d<\/span><\/strong><\/p>\n La Alta Comisionada ley\u00f3 el informe durante el 44 per\u00edodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Entre los puntos que contiene dicho documento indic\u00f3\u00a0 que\u00a0 durante el per\u00edodo que abarca el presente informe, \u201cla crisis pol\u00edtica se ha agudizado debido a la persistencia de las tensiones entre el Gobierno y la oposici\u00f3n. A pesar de los esfuerzos desplegados a nivel internacional y nacional, los principales actores pol\u00edticos no han podido encontrar una soluci\u00f3n negociada y comprensiva que resuelva la prolongada crisis pol\u00edtica. Los debates pol\u00edticos se han centrado principalmente en el establecimiento de las condiciones para la celebraci\u00f3n de elecciones parlamentarias, previstas para 2020, y en la exigencia de la oposici\u00f3n de que se celebren elecciones presidenciales anticipadas.<\/p>\n En el Informe tambi\u00e9n destaca que durante el per\u00edodo monitoreado se mantienen restricciones a la libertad de opini\u00f3n y expresi\u00f3n, a la de reuni\u00f3n y asociaci\u00f3n pac\u00edficas y al derecho de participaci\u00f3n en los asuntos p\u00fablicos, que han continuado restringiendo el espacio c\u00edvico y democr\u00e1tico en el per\u00edodo previo al proceso electoral.<\/p>\n Limitaci\u00f3n de acci\u00f3n en la AN<\/span><\/strong><\/p>\n \u201cDesde el 5 de enero de 2020, las fuerzas de seguridad han bloqueado, incluso por la fuerza, el acceso a la Asamblea Nacional de un grupo de parlamentarios que apoyan la renovaci\u00f3n del nombramiento de Juan Guaid\u00f3 como presidente de \u00e9sta. A junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia hab\u00eda retirado la inmunidad parlamentaria a 28 asamble\u00edstas de la oposici\u00f3n; cuatro estaban detenidos y uno se encontraba bajo arresto domiciliario; mientras que 36 asamble\u00edstas hab\u00edan abandonado la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela o se hab\u00edan escondido, muchos de ellos acusados de traici\u00f3n, conspiraci\u00f3n, incitaci\u00f3n a la insurrecci\u00f3n, rebeli\u00f3n civil y asociaci\u00f3n para delinquir, entre otros delitos. Fueron detenidos un t\u00edo de Juan Guaid\u00f3, tres de sus ayudantes y una mujer relacionada con uno de los ayudantes.<\/p>\n La Alta Comisionada tambi\u00e9n dijo\u00a0 que\u00a0 el 25 de mayo, el Fiscal General solicit\u00f3 al Tribunal Supremo que dictaminara si el partido pol\u00edtico Voluntad Popular pod\u00eda considerarse una organizaci\u00f3n terrorista seg\u00fan la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El 26 de mayo, el Tribunal\u00a0Supremo valid\u00f3 la elecci\u00f3n del 5 de enero de 2020 de Luis Parra\u00a0 como Presidente de la Asamblea Nacional. Adem\u00e1s, el Tribunal Supremo declar\u00f3 \u00aben desacato\u00bb la Presidencia de Juan Guaid\u00f3.<\/p>\n Durante el per\u00edodo al que se refiere el presente informe, \u201cel Gobierno declar\u00f3 que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia hab\u00edan frustrado varios intentos de insurrecci\u00f3n, rebeli\u00f3n y asalto a bases militares, entre ellos una incursi\u00f3n de antiguos miembros de las fuerzas armadas venezolanas y dos antiguos miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de Am\u00e9rica en el Estado Vargas, los d\u00edas 3 y 4 de mayo de 2020.\u201d<\/p>\n Restricciones a la protesta<\/span><\/strong><\/p>\n El documento mencion\u00f3 como fuente al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, cuya ONG denunci\u00f3 que entre julio de 2019 y abril de 2020, \u00a0se registraron 2.689 protestas que reclamaban derechos civiles y pol\u00edticos.<\/p>\n En otro de los puntos, el documento cita que\u00a0 \u201cA pesar de que se constataron algunas restricciones al derecho de reuni\u00f3n pac\u00edfica, los oficiales de seguridad actuaron por lo general de manera contenida y, en la mayor\u00eda de los casos, respetaron las normas y est\u00e1ndares internacionales en materia de control de multitudes.<\/p>\n El Gobierno organiz\u00f3 programas y actividades de capacitaci\u00f3n para las fuerzas de seguridad sobre el uso\u00a0de la fuerza y las normas de derechos humanos. Cuando se desplegaron las fuerzas de seguridad con ocasi\u00f3n de protestas convocadas por la oposici\u00f3n y por los estudiantes, se recibieron denuncias de intimidaci\u00f3n de los manifestantes para impedirles llegar al destino que ten\u00edan proyectado o reunirse antes de comenzar la protesta. Esto es lo que ocurri\u00f3 en las protestas nacionales organizadas por\u00a0estudiantes y miembros de la oposici\u00f3n los d\u00edas 16 y 21 de noviembre de 2019. Se reportaron m\u00e1s de 20 detenciones, entre ellas la de seis defensores de los derechos humanos que estaban vigilando las manifestaciones en el Estado Cojedes. En el Estado Lara, cinco personas permanecieron detenidas durante dos meses.<\/p>\n El ACNUDH tambi\u00e9n document\u00f3 ataques de grupos civiles armados progubernamentales (denominados colectivos armados) contra opositores pol\u00edticos, manifestantes y periodistas. Las fuerzas de seguridad no hicieron nada por impedir esos ataques. El 11 de febrero, partidarios del Gobierno y, al parecer, colectivos armados atacaron a 12 periodistas que cubr\u00edan la llegada de Juan Guaid\u00f3 al aeropuerto de Maiquet\u00eda. El 29 de febrero, en el Estado Lara, miembros de los colectivos armados atacaron a los manifestantes y periodistas que se hab\u00edan reunido en un mitin pol\u00edtico convocado por Juan Guaid\u00f3. Despu\u00e9s de estos ataques, los funcionarios de alto nivel sol\u00edan desacreditar a las v\u00edctimas. Las\u00a0manifestaciones organizadas por la oposici\u00f3n el mes de noviembre de 2019 vinieron precedidas y seguidas de actos de intimidaci\u00f3n en las redes sociales contra algunos periodistas por parte de presuntos simpatizantes del Gobierno y funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n Tambi\u00e9n se recibieron denuncias de bloqueo del acceso a las redes sociales en torno a las\u00a0fechas m\u00e1s se\u00f1aladas de las manifestaciones.<\/p>\n Adem\u00e1s de la limitaci\u00f3n del acceso a los datos p\u00fablicos y la frecuente autocensura por\u00a0miedo a las represalias, los trabajadores de los medios de comunicaci\u00f3n siguieron siendo\u00a0v\u00edctimas de amenazas y acoso.<\/p>\n