Con escalada de represión, el régimen de Maduro pretende cerrar la ruta electoral
Los últimos actos del régimen criminal de Nicolás Maduro deben ser irrevocablemente entendidos como parte de una compleja y aviesa estrategia para impedir la realización de elecciones libres y verificables en Venezuela.
La trama se inicia con la firma del Acuerdo de Barbados, para crear un poderoso marco de aparente respeto al proceso de negociación mediado por Noruega, apenas unos días antes del fracasado intento de impedir la Primaria en octubre del año pasado. La elección interna auspiciada por la Plataforma Unitaria y organizada por la CNdP termina en una bochornosa derrota para el régimen, y en una sorpresa para la misma oposición porque en ella se elige a María Corina Machado (MCM), cuyo partido no forma parte de la Plataforma Unitaria (PU), no solamente como candidata presidencial sino como líder de una nación que exige revertir el proceso de destrucción del país, y la reconciliación de los venezolanos.
Los resultados de la Primaria, y la movilización que la misma generó aún en condiciones muy difíciles, convencen al sector más radical del oficialismo de que van a perder las elecciones en cualquier escenario que las mismas se produzcan, inclusive usando ventajismo que les otorga el control del CNE y la violación de DDHH que constituye el impedir que más de 10 millones de venezolanos, incluyendo a prácticamente toda la diáspora, puedan votar. Esa convicción, los lleva a crear el peligroso escenario de diversión belicista que rodeó al fallido Referendo sobre el Esequibo, y a iniciar una escalada represiva contra toda manifestación política y civil de la sociedad organizada opositora al régimen. Esta línea de acción culminó con la inhabilitación de MCM, usando el control que el régimen tiene sobre el Tribunal Supremo de Justicia, presentada fraudulentamente como un acto de cumplimiento a los Acuerdos de Barbados.
La escalada represiva se ha incrementado a niveles inéditos en la historia venezolana con la reciente “desaparición forzosa” de la activista de derechos humanos y ciudadanos Rocío San Miguel y buena parte de su familia, incluida su hija. Es imposible ignorar el hecho de que un acto represivo de estas características puede ser el preámbulo de una “confesión” pública o confesión inducida de San Miguel sobre los hechos de los que se le acusan, y que por supuesto terminarán finalmente por involucrar fraudulentamente a María Corina Machado en una componenda militarista. El mensaje de esta horrenda acción es múltiple: las mujeres no son invulnerables, está prohibido hablar de temas militares, ignoramos flagrantemente a la comunidad internacional, y en definitiva, somos los dueños de Venezuela. Denunciamos frente a los venezolanos y el resto del mundo que cualquier eventual confesión inducida de Rocío San Miguel será el resultado de coerción y tortura sicológica y debe ser entendida como tal.
Las acciones del régimen son simultáneamente peligrosas, desesperadas y bien planificadas. Cuentan para ello con la asesoría de gobiernos totalitarios enemigos de las democracias occidentales, del control de las fuerzas represivas y de un entorno internacional que no termina de comprender a cabalidad la naturaleza de la guerra que el gobierno adelanta contra su propio pueblo, y donde se anteponen intereses geo-políticos estratégicos a la impostergable necesidad de contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Frente a ello es impostergable la consolidación de la Gran Alianza Nacional (GANa), no solamente para actuar en las elecciones sino para diseñar una estrategia consolidada frente a las acciones del régimen para proteger y hacer viable el proceso electoral. Una tarea que exige amplitud del liderazgo de María Corina Machado, el eje central de la GANa, y el compromiso patriótico de todas las fuerzas, partidos políticos, individuos y sociedad civil, que se sientan convocadas a rescatar a Venezuela.
Hacemos un llamado de alerta a los gobiernos democráticos del mundo. Los exhortamos con urgencia a que se pronuncien contra estas prácticas heredadas del pasado más oscuro de la humanidad; si no se les detiene, estas podrían propagarse a otros rincones del Continente.
En el mundo, el trece de febrero de dos mil veinticuatro.
La Junta Directiva del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, ONG debidamente registrada en el Estado de Florida, USA, que tiene como propósito fundamental la defensa de los derechos políticos de los venezolanos en la diáspora.
Nancy Arellano, Luis Augusto Colmenares, Luis Corona, William Díaz, Juan Fernández, Pilín León, Ildemaro Martínez, Paciano Padrón, Ricardo Pinza, Liliana Ponce, Eddie Ramírez,
Humberto Calderón Berti
Presidente
Vladimiro Mujica
Vicepresidente
Ana Julia Jatar
Directora Ejecutiva
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