VenAmérica se solidariza con Walter Márquez ante hostigamiento del régimen
Por denunciar y solicitar investigación contra funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal
Apertura de investigación Penal contra Walter Márquez, Coordinador del Comité de DD.HH. de VENAMÉRICA, Director General de CICIVEN y Presidente de la Fundación El Amparo
El Ministerio Público abre investigación contra el defensor de derechos humanos Walter Márquez por denunciar, acompañar y solicitar investigación contra funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal, Estado Táchira, por presuntas violaciones a derechos humanos en procedimientos de desalojo y demolición arbitraria de locales, en perjuicio de pequeños comerciantes del Hospital Central.
Este 11 de septiembre de 2023 Walter Márquez asistió, en compañía de su abogada Raquel Sánchez, defensora de derechos humanos del Foro Penal, a la Fiscalía Primera del Ministerio Público en el estado Táchira.
Allí fueron notificados de la apertura de una investigación penal en contra del defensor Márquez, basada en la Ley contra el odio, artículos 20 y 21.
El defensor Walter Márquez ha acompañado a un grupo de comerciantes, en una denuncia ante la Alcaldía de San Cristóbal y ante el Ministerio Público, contra el Alcalde de la ciudad Silfredo Zambrano y el director general Juan Rodolfo Martínez, por excesos cometidos por funcionarios de la Alcaldía en el desalojo arbitrario contra pequeños comerciantes del Hospital Central de San Cristóbal.
Este proceso ha motivado la apertura de una investigación contra el Defensor, por supuestamente fomentar, promover e incitar al odio contra estos funcionarios, delitos estos sancionados con prisión de 10 a 20 años.
Preocupa desde el punto de vista procesal y en materia de derechos humanos que el acompañamiento a presuntas víctimas en denuncias ante la alcaldía (dado que una división de la misma actuó de forma arbitraria), y el Ministerio Público para que se realizara una investigación con base en la normativa del país, sea utilizado para criminalizar y judicializar a personas en el ejercicio de sus derechos.
Contrario a lo que establece la ley, el Ministerio Público debía abrir la investigación e iniciar un proceso en el que las partes puedan, en marco legal, exponer sus argumentos y llegar a un acto conclusivo sobre el desalojo arbitrario y las presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas. Sin embargo, no existe investigación, notificación, ni acto conclusivo que permita al Ministerio Público abrir una investigación por “promoción e incitación al odio” contra los demandantes.
Es muy grave que el Ministerio Público, frente a una denuncia de violaciones de derechos humanos interpuestas por presuntas víctimas y personas defensoras de derechos humanos, abra una investigación por incitación al odio contra denunciantes.
- Este nuevo proceso de criminalización busca perseguir, dar castigo ejemplarizante e inhibir a personas de hacer uso de las instituciones y las leyes para denunciar presuntas violaciones a DD.HH.
- A su vez, recordamos que existen normativas para la acción respetuosa y garantes de los derechos humanos para comerciantes en espacios públicos. Que las actuaciones deben estar signadas por los procedimientos establecidos en las leyes y bajo estándares de derechos humanos. Esos comerciantes tienen décadas laborando dentro de las instalaciones del Hospital Central, sin embargo, sin notificación y contrario a los procesos establecidos en la ley que permitan mecanismos, lapsos para la entrega, la alcaldía demolió arbitrariamente los locales, dejando destruidas fuentes de empleo y sin alternativa, a decenas de familias humildes de San Cristóbal. Solicitar la investigación y el resarcimiento correspondiente no es un delito, ni es incitación al odio, es un acto de justicia.
Por tanto,
- Es muy grave que el acompañamiento a presuntas víctimas en denuncias contra funcionarios públicos sea respondido por el Ministerio público con acciones penales contra quienes las realizan en el ejercicio de sus derechos constitucionales.
- Nuevamente se hace uso amañado de la Ley contra el Odio para criminalizar a víctimas y personas defensoras de derechos humanos; este es un patrón sistemático en aumento constante en los últimos meses.
- Alertamos el incremento del uso de procesos penales para criminalizar la denuncia, la organización social y la labor de defensa de derechos humanos. Exigimos el cese de estas prácticas.
Frente a la petición de comerciantes y del Defensor Walter Márquez de investigación de este procedimiento de desalojo forzoso y la destrucción de sus bienes en el estado Táchira, la respuesta debe estar apegada a los estándares internacionales de derechos humanos y al debido proceso establecido en nuestra Constitución.
Exigimos el cese de apertura de investigaciones penales usando la “Ley del Odio” o cualquier otro instrumento legal para, de forma discrecional, judicializar y criminalizar el ejercicio de derechos constitucionales.
- Agradecemos altamente los buenos oficios que la OACNUDH tenga a realizar sobre este caso, en el ejercicio de su mandato, para la vigilancia, promoción y la garantía de protección de los derechos humanos para personas defensoras de esos mismos derechos humanos.
- Agradecemos a medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil y personas en general, el apoyo y la difusión de esta alerta, de este procedimiento de criminalización contra la denuncia y la defensa de DD. HH.
En VenAmérica somos solidarios con Walter Márquez, Coordinador del Comité de Derechos Humanos de nuestra organización y luchador de larga data a favor de la justicia.
