Dos Academias Nacionales ante la realidad venezolana, a 200 años de Carabobo
VenAmérica reproduce este importante documento de reflexión y análisis de los académicos venezolanos que concluyen afirmando que
“Nuestra Nación solo podrá superarse con un compromiso cierto, firme y honesto que sea el resultado de un plan de rescate que… tenga como finalidad no solo un cambio político, sino un esfuerzo radical de desarrollo integral en libertad de nuestra sociedad, que sea sustentable y por tanto permanente”.
La conclusión de los académicos nos lleva a la invitación de la Conferencia Episcopal Venezolana “a participar en la hermosa y apasionante tarea de mantener viva la herencia que nos dejaron los padres de la patria y, así entonces, dar el paso necesario e impostergable de refundar a Venezuela”.
Comunicado de las academias
Las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias Políticas y Sociales han expresado su profunda preocupación por los diversos discursos y acciones ejecutadas por las autoridades nacionales, que impiden describir nuestro entorno político, económico, social e internacional con claridad, por medio de un comunicado emitido el pasado 28 de junio.
Los académicos detallaron sus planteamientos, en el comunicado, “desde distintas dimensiones con la más acabada sincronización entre la dimensión Económica, la Jurídica, la Política, la Internacional, la Electoral, la Institucional y la Social.”
El discurso del régimen sobre la dimensión económica se caracteriza por querer mostrar su interés en una especie de flexibilización dado el rotundo fracaso del modelo del Socialismo del siglo XXI. Por ello, dice el comunicado, para atraer la voluntad de actores empresariales, desarrolla instrumentos como la denominada Ley Anti-bloqueo o el impulso de las Zonas Económicas Especiales. Ciertos personeros del gobierno, en algunos momentos, plantean la importancia de impulsar la producción manufacturera, aunque en la práctica, contradictoriamente, se liberan de aranceles de los productos terminados que compiten con ventaja frente a la producción nacional, cuya competitividad se ve disminuida por la apreciación del tipo de cambio real, la crisis de los servicios básicos y la escasez de combustible.
Estos planteamientos se desdibujan en un entorno sin Estado de Derecho, donde la discrecionalidad es la norma de acción y la corrupción emerge como el mecanismo envilecedor de la gestión pública. De tal manera que el acceso a los estímulos que dicen avanzar, son otorgados a actores de los círculos cercanos a quienes están asidos al poder y lejos está en ser los factores que serían las figuras del mercado, la competencia, la eficiencia, la productividad y la calidad de vida del ciudadano.
Así, el territorio venezolano terminará siendo parcelado, tomando como ejemplo la poligonal del Arco Minero del Orinoco, entregada ‘en concesión’ a grupos que ganarían condiciones especiales y diferentes al resto del territorio –en principio asociados a libertad arancelaria, de regulaciones laborales y de cualquieras otras leyes que puedan ser suspendidas en dicho espacio- sin que por ello irradien beneficios a los ciudadanos en el resto del país.
Más aún, es indudable que esta aparente apertura económica no encaja con el impulso paralelo de las leyes comunales, la elección de integrantes de parlamentos comunales y la creación de ciudades comunales.
Nótese que el Parlamento Comunal sería legalmente la máxima instancia del autogobierno en la Comuna; y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria, coadyuvar con el orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos. Las decisiones del Parlamento Comunal también se manifiestan en actos de gobierno sobre los aspectos de planificación, coordinación y ejecución de planes y proyectos en el ámbito de la Comuna. Ahora se plantea la necesidad de elegir los cinco voceros por Comuna que conforman el Parlamento Comunal.
Es un hecho anunciado el impulso del proyecto de ley de Ciudades Comunales, ciudades que se constituyen por iniciativa popular a través de la agregación de Comunas urbanas, rurales e indígenas, atendiendo a las diversas dinámicas funcionales y geo-históricas y de contigüidad espacial del sistema de agregación comunal.
De tal manera, expresan los académicos, que el panorama político-económico que se perfila, manifiesta una triple organización: una para mantener la organización político territorial con los órganos de elección popular que corresponda, otra más que en lo económico para hacer negocios, y la última para la organización comunal, con los recursos que queden en las arcas nacionales, visto que la figura de las comunas se define como un espacio socialista y se la califica como entidad local, que dispondrá de los recursos que administre el Banco Comunal.2 Pero esta triple organización no se integra sistémicamente, sino que la una niega la otra, anulando cualquier impulso virtuoso que pudiera intentarse.
En este contexto, la dimensión electoral se abre con la convocatoria a comicios estadales y municipales en noviembre de 2021, impulsadas por unos rectores nombrados por una Asamblea Nacional espuria, que a su vez deviene de un Tribunal Supremo de Justicia cuyos magistrados no tienen tal investidura, pues fueron re-designados por una Asamblea Nacional Constituyente que impuso Nicolás Maduro, adulterando el principio de la representación popular, y que desapareció sin saber cuándo ni cómo. De allí que luzca contradictorio elegir a todas estas autoridades, dado que en los ámbitos de poder territorial en sus jurisdicciones estarán asignados a otros poderes de naturaleza centralizada y de ámbito nacional. Las ciudades comunales destruyen el sistema político federal y municipal de la República.
Así, en la práctica, no tendrán manera de ejercer las competencias que les corresponden. En consecuencia, se utiliza el voto de los electores para encubrir una constitucionalidad inexistente.
Las dimensiones económica y electoral, se enlazan con la Dimensión Política, que a su vez plantea primeramente la contradicción existente ante la negociación entre oficialismo y partidos políticos, inducida por países de la Unión Europea, y algunos del continente Americano. La realidad es que mientras se habla de un Acuerdo de Salvación de Nacional, y por enésima vez, se espera una negociación seria, quien ejerce el control fáctico hasta ahora, se toma como entretención publicitaria y condiciona abiertamente su participación a una serie de medidas, que de no darse rompería con cualquier probabilidad de éxito. Lo cierto es que la ciudadanía no sabe qué se va a negociar, ni cómo, ni cuándo. Pero mientras esto se discute puede observarse cómo se pierde la soberanía del territorio de manera voluntaria.
Al tocar la dimensión política viene de suyo la dimensión internacional. En esta se coloca a Venezuela en la atención mundial de lo que ocurre, fundamentalmente por la violación grave de derechos humanos de toda naturaleza; y la migración masiva ocurrida, la que ha sido forzada por las condiciones críticas de una emergencia social y económica profunda y compleja, además de contribuir con la inestabilidad en la región. Es lo cierto que esa fuerza inicial de apoyo a la transición política en el año 2019/20 se ha ido debilitando y han cambiado con el tiempo los escenarios e intereses en el continente americano y europeo.
El Grupo de Lima dejó de ser interlocutor de lo que ocurría en Venezuela y ya no exhibe la constancia en denunciar la falta de democracia y estado de derecho en el país. La impunidad se ha agravado. El aislamiento de la población por falta de los servicios básicos, agua, luz, gas, transporte, falta de gasolina y de gasoil, muestra cómo a la violación de los derechos humanos se le ha sumado el agravamiento de la crisis humanitaria y una violencia silente contra los medios de comunicación y los comunicadores sociales, como no sea para la propaganda oficial.
La dimensión Institucional existe sólo para legitimar un conjunto de acciones ilegítimas como: una persona en ejercicio de facto de la presidencia de la República; una Asamblea Nacional Constituyente que concluyó su período de dos años de existencia y desapareció sin que presentara al país proyecto constitucional alguno; una Asamblea Nacional que nació sin fundamento constitucional; un poder ciudadano que no existe. Todo es ilegítimo.
El Tribunal Supremo de Justicia sentencia cada vez que sea necesario pretendiendo transformar en legítimo lo que no lo es. La misma naturaleza espuria tiene el Consejo Nacional Electoral en funciones, ello por voluntad de la Sala Constitucional y quien dio órdenes a la Asamblea Nacional para que los designara. Esta realidad muestra la falta de independencia del poder judicial y la inexistencia de institucionalidad del sistema de justicia, la politización de la Fuerzas Armadas Nacionales, la militarización del ámbito civil de los poderes públicos y el pobre comportamiento en el ámbito democrático institucional del estado de derecho; todo ello evidencia la baja Gobernanza Mundial del índice elaborado por el Banco Mundial y en el grado de gran corrupción en que se coloca Venezuela en el Índice de Corrupción de Trasparencia Internacional.
Dimensión social
La combinación de los factores señalados hace de la dimensión social la arista más deshumanizada, en la que más que sociedad, la resulta es una suma de habitantes de un territorio, de ciudadanos sin derechos, y con poca capacidad de exigirlos ante el poder político de facto, abandonados a la suerte de poder perseguir algunos dólares para sobrevivir y llevar alimento a la familia. La salud, derecho que permite proteger la vida, prácticamente no existe, menos en tiempos de pandemia del Covid-19 y sus variantes. Debe ser objeto de un análisis profundo si el desorden en la aplicación de las vacunas no es parte de una estrategia política del poder de hecho para disponer de un mecanismo que permita mantener encerrada a una población hasta que se acerquen las elecciones. Pero ante este desolador panorama, el interés prioritario de los políticos es el evento electoral marcado para noviembre de 2021, su dilema es si participan o no, y se discute sobre si habrá garantías o no, mientras los derechos fundamentales de las personas no cuentan para la acción política.
La estrategia de confusión, que germina en la falta de confianza, producto de décadas de engaño y abandono, ha logrado la total desconexión entre la ciudadanía y sus líderes políticos, generando la consolidación del peor de los escenarios, la estabilidad del régimen de facto, por la incapacidad de sumar voluntades para que los verdaderos cambios se concreten. No es un simple asunto de proclamar una unión vacía, sino de entender la naturaleza del descalabro multidimensional en la que está sumida Venezuela, de reconocer las fallas de las estrategias pasadas, las agendas e intereses de determinados grupos, y de no insistir en aquellas tácticas que solo sirven para mantener determinados espacios vacíos de poder.
La hora menguada por la que atraviesa nuestra Nación solo podrá superarse con un compromiso cierto, firme y honesto que sea el resultado de un plan de rescate que debe estar íntegramente sistematizado para que de nuestra República tenga como finalidad no solo un cambio político, sino un esfuerzo radical de desarrollo integral en libertad de nuestra sociedad, que sea sustentable y por tanto permanente, finaliza el comunicado.
