Rol de las nuevas policías

Vicente Márquez*

Advertencia al futuro gobierno democrático: Sin policía firme ni coordinación estratégica, la democracia será rehén del caos

El régimen que colapsa no entregará un Estado en ruinas solamente administrativas. Entregará algo peor: cuerpos policiales penetrados, contaminados y corroídos por delincuentes, asesinos, estructuras criminales y operadores entrenados para el sabotaje. Pretender lo contrario no es ingenuidad: es irresponsabilidad histórica.

La Venezuela postdictatorial no enfrentará solo criminalidad común. Enfrentará estructuras híbridas: bandas armadas, mafias económicas, células de terrorismo urbano y redes de violencia organizada que actuarán de forma coordinada para provocar zozobra social, atacar servicios esenciales, generar pánico y erosionar la confianza ciudadana en la naciente democracia. Su objetivo será claro: demostrar que el nuevo Estado “no puede garantizar el orden” y abrir paso a la nostalgia autoritaria.

Frente a ese escenario, la selección de los directores y altos mandos policiales será una decisión de seguridad nacional, no un gesto político ni una recompensa por lealtades partidistas. Cualquier improvisación, cualquier nombramiento por amiguismo o cuotas políticas, no será un error: será una traición al mandato de cambio y una invitación abierta al sabotaje interno y externo.

Debe decirse con absoluta claridad: no se puede combatir el crimen con estructuras policiales débiles, complacientes o cooptadas, ni enfrentar el terrorismo con funcionarios temerosos de ejercer autoridad. El Estado democrático debe ser firme desde el primer día, porque la debilidad inicial será explotada sin piedad por quienes viven del caos.

Por ello, el perfil de los futuros directores policiales debe ser innegociable:

Primero: Integridad moral y ética probada, sin sombras, sin pactos y sin silencios. En un Estado devastado por la complicidad, el silencio también es una forma de culpa. Quien calló frente al crimen, quien miró hacia otro lado, quien “se adaptó para sobrevivir”, no puede liderar una depuración.

Segundo: Independencia absoluta del poder político y de cualquier red criminal. La policía democrática no puede ser instrumento de partidos ni brazo de persecución ideológica, pero tampoco puede ser rehén de mafias internas y externas. La obediencia debe ser exclusiva a la Constitución y la ley.

Tercero: Historial limpio, auditable y verificable, dentro y fuera del país. No bastan credenciales internas. Se requiere escrutinio real, cooperación internacional, análisis patrimonial y revisión de vínculos pasados. La confianza se construye con pruebas, no con discursos.

Cuarto: Carácter firme, liderazgo operativo y autoridad real. El país no necesita burócratas con rango, sino comandantes con decisión. La transición exigirá confrontar estructuras criminales enquistadas  en las comunidades, incluso dentro de las propias instituciones. Quien no esté dispuesto a enfrentar, remover, sancionar y resistir presiones políticas o criminales, no está capacitado para dirigir.

Quinto: Respeto irrestricto a los derechos humanos, no como consigna, sino como línea roja estratégica. La mano firme del Estado democrático no es abuso ni barbarie. Es el uso legítimo, proporcional y legal de la fuerza. La violación de derechos humanos no fortalece la autoridad: la destruye y legitima a los violentos.

Ahora bien, firmeza no es solo depuración interna. El nuevo gobierno debe asumir que bandas armadas, mafias y estructuras terroristas heredadas del régimen actuarán deliberadamente para crear caos social: ataques a comunidades, sabotaje de servicios, violencia selectiva, disturbios inducidos. Frente a eso, la respuesta del Estado debe ser clara: tolerancia cero.

Esto exige:

• Depuración inmediata y profunda de los cuerpos policiales, sin gradualismos paralizantes. Cada funcionario comprometido con el crimen es un enemigo interno del Estado de derecho.
• Uso estratégico de inteligencia institucional, profesional y controlada, para identificar, infiltrar y desmantelar redes criminales y terroristas, no para perseguir disidencias políticas. Inteligencia al servicio de la seguridad ciudadana, no del control autoritario.
• Operatividad policial firme y visible contra bandas, mafias y grupos violentos, recuperando territorios tomados por el crimen. El Estado democrático debe volver a mandar en la calle, con ley, con autoridad y con resultados.
• Controles internos severos, supervisión civil real y consecuencias penales efectivas para quien traicione el uniforme. La impunidad será interpretada como debilidad y alentará la violencia.

Pero la firmeza policial, por sí sola, no será suficiente. El futuro gobierno debe asumir una verdad incómoda pero ineludible: sin coordinación estratégica entre los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas, los objetivos de seguridad serán inalcanzables.

Policías y Fuerzas Armadas tienen misiones constitucionales distintas, sí. Operan bajo doctrinas diferentes, también. Pero en un contexto postdictatorial, fragmentado y amenazado por crimen organizado y terrorismo interno, trabajar de forma aislada equivale a fracasar.

La defensa del orden democrático exige coordinación operativa, intercambio de inteligencia, planificación conjunta y delimitación clara de responsabilidades, especialmente frente a bandas armadas, mafias transnacionales y grupos violentos que superan la capacidad policial ordinaria. No se trata de militarizar la seguridad ciudadana, sino de articular al Estado en su totalidad frente a amenazas extraordinarias.

Pretender que la policía actúe sola frente a estructuras criminales fuertemente armadas, con control territorial y financiamiento ilícito, es condenarla al desgaste y al descrédito. Pretender que las Fuerzas Armadas permanezcan al margen de la protección del orden interno en un escenario de terrorismo y sabotaje es una ficción peligrosa.

Este no es un llamado al miedo. Es una advertencia basada en experiencias postdictatoriales conocidas: la democracia no cae solo por golpes externos, también se pudre desde dentro cuando se tolera la complicidad armada.

El mensaje final debe ser inequívoco: sin una policía limpia, valiente, firme y confiable, la democracia venezolana será frágil y vulnerable al crimen organizado y al terrorismo heredado de la dictadura.

La seguridad no admite errores. Y la historia no absolverá a quienes, teniendo la responsabilidad de proteger al país, confundieron prudencia con debilidad y tolerancia con complicidad.

Por ello, la estrategia debe incluir:

• Depuración inmediata y profunda de los cuerpos policiales, sin gradualismos paralizantes. Cada funcionario comprometido con el crimen es un enemigo interno del Estado de derecho.
• Uso estratégico de inteligencia institucional con controles democráticos, para identificar, infiltrar y desmantelar redes criminales y terroristas, no para perseguir disidencias políticas.
• Coordinación real y permanente entre policías y Fuerzas Armadas, bajo mando civil, con protocolos claros y objetivos definidos, para recuperar territorios, proteger a la población y neutralizar amenazas de alto impacto.
• Controles internos severos, supervisión civil efectiva y consecuencias penales reales para quien traicione el uniforme. La impunidad será interpretada como debilidad y alentará la violencia.

Este no es un llamado al autoritarismo ni a la confusión de roles. Es una advertencia estratégica: la democracia sin orden no sobrevive, y el orden sin coordinación estatal es imposible.

El mensaje final debe quedar grabado desde el primer día: sin una policía limpia, firme y confiable, y sin una articulación estratégica con las Fuerzas Armadas, la democracia venezolana será frágil y vulnerable al crimen organizado y al terrorismo heredado de la dictadura. La seguridad no admite improvisaciones. Y la historia no absolverá a quienes, teniendo la responsabilidad de proteger al país, eligieron la fragmentación, la tibieza o la complicidad

* Abogado, Comisario del CICPC