Reportan 1.560 muertes por resistencia a la autoridad en solo cinco meses

• De acuerdo al informe presentado por Humberto Prado
• “18 diputados han denunciado hostigamiento y persecución, 33 han sido exiliados, se contabilizaron 4 refugiados en embajadas, 5 en la clandestinidad y 14 fueron despojados de su pasaporte”

Unas 1.560 personas fueron «asesinadas» en el país por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional bajo el calificativo de «resistencia a la autoridad» entre enero y mayo del año pasado.

Así lo reveló este lunes Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos y la Atención a las Víctimas de Juan Guaidó, en la presentación del informe Venezuela entre la oscuridad y la esperanza: Informe de DDHH 2019.

Prado calicó a las FAES de “grupo de exterminio de la dictadura”, así como de “alarmante” su actuación en el 2019, que muestra un patrón de conducta durante sus operativos.

Además, reportó que “al menos 149 privados de libertad murieron en centros de detención preventiva de 15 estados monitoreados, al tiempo, que destacó que el hacinamiento en los centros de detención preventiva incrementó un 500%”.

Insistió en que 2019 se caracterizó por una «marcada agudización del conflicto político y la crisis social».

En ese sentido, denunció que “18 diputados han denunciado hostigamiento y persecución, 33 han sido exiliados, se contabilizaron 4 refugiados en embajadas, 5 en la clandestinidad y 14 fueron despojados de su pasaporte”.

Sostuvo que durante ese periodo los periodistas y el derecho a la libertad de expresión se vieron «fuertemente afectados», según expuso en un comunicado.

Según el informe, seis canales internacionales fueron sacados de la programación, 20 emisoras salieron del aire por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y se registraron más de 28 casos de bloqueos y ataques cibernéticos a portales informativos en plataformas de redes sociales durante la transmisión de discursos o movilizaciones políticas opositoras.

Además, se produjeron al menos 2.219 detenciones arbitrarias relacionas con el ejercicio de la libertad de expresión, de las que fueron víctimas, en la mayoría de los casos, trabajadores públicos y de la prensa, tanto venezolanos como extranjeros.

Torturas con violencia sexual

Además, sostuvo que han incurrido en «todo tipo de crímenes» y añadió que el 95 % de los casos de tortura registrados por el Instituto Casla muestran prácticas de violencia sexual.

Sobre los servicios básicos, la comisión que dirige Prado observó que en 2019 se agravó la situación y, al menos, 4,3 millones de venezolanos no tienen acceso a agua potable de calidad.

El 48 % de los consultados por la comisión manifestó haber permanecido al menos tres días seguidos sin energía eléctrica en el año, un 33 % informó que pasan cuatro días sin el servicio y otro 4 % respondió que pasa más de siete días sin electricidad.

La comisión también aseguró que los pueblos indígenas pemón, warao, wayúu y añú sufren una «profunda crisis de derechos humanos» por la explotación laboral, sexual y la violencia que sufren los niños y las mujeres que trabajan en el Arco Minero del Orinoco, un vasto terreno repartido entre los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, fronterizos con Brasil y Guyana.

Vía:  reportecatolicolaico.com/21 julio, 2020 diariolaverdadweb@gmail.com